Hoy 15 de marzo, Día Mundial de los Derechos de Consumidor, no hay nada para festejar, si no todo lo contrario, podría calificarse como un día de protesta. Es por ello que nos presentamos ante la delegación Rosario de la Comisión Nacional de Comunicaciones para presentar formalmente una denuncia por el aumento de forma unilateral de las tarifas de telefonía celular por parte de las tres empresas prestatarias del servicio, incremento que fue realizado sin notificación alguna a los usuarios.
Tanto a nivel nacional como en Santa Fe, la situación de usuarios y consumidores es la misma que diez años atrás. En materia de servicios públicos tales como telefonía, energía y agua potable, las empresas mantienen clientes cautivos, abusan de las tarifas, cortan los servicios sin indemnizar a los usuarios y hacen del mal trato a los clientes una práctica habitual. Resulta verdaderamente incomprensible que los entes reguladores de los servicios públicos no tengan una mayor ingerencia en el control de las empresas. Pareciera que el estado nacional ha olvidado utilizar las herramientas legales que tiene a disposición como la ley de defensa del consumidor, de lealtad comercial y de defensa de la competencia, dejando pasar por alto las infracciones más alevosas.
Una de las asignaturas pendientes en Santa es la protección de usuarios y consumidores. En este sentido, junto a Mario Barletta, hemos presentado una propuesta de reforma al sistema para descentralizar el área, jerarquizarlo dándole el rango de secretaría de estado y delegando en los municipios el poder de policía de la ley de defensa del consumidor entre otros ítems.
Recordamos que días atrás presentamos ante la cámara baja un proyecto de ley para que se caracterice como servicio público a la telefonía móvil e internet en todas sus modalidades, con el fin de garantizar a través de la Constitución Nacional que se respeten los derechos de los clientes de los servicios de teléfonos móviles y de internet como así también establecer en forma clara y expresa las obligaciones de sus prestadores.
Recordamos que días atrás presentamos ante la cámara baja un proyecto de ley para que se caracterice como servicio público a la telefonía móvil e internet en todas sus modalidades, con el fin de garantizar a través de la Constitución Nacional que se respeten los derechos de los clientes de los servicios de teléfonos móviles y de internet como así también establecer en forma clara y expresa las obligaciones de sus prestadores.
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