Junto a Mario Barletta presentamos en el día de ayer, nuestra propuesta en materia de defensa de los derechos del consumidor. Consideramos que la gestión actual en defensa del consumidor es una asignatura pendiente del actual gobierno, no hubo avances en el tema y estamos en las mismas condiciones que el primer día de gobierno.
La defensa de los derechos de los consumidores y usuarios no es, en Santa Fe, una política de Estado. Prueba de ello es que si buscamos en la página web
http://www.santafe.gov.ar/ resulta sumamente dificultoso hallar a la Dirección General de Comercio Interior, autoridad de aplicación de la ley 24.240 en nuestra provincia. Asimismo, las autoridades provinciales no han cambiado las condiciones de los usuarios de servicios públicos en casos como la empresa provincial del agua ASSA, y muy especialmente en el caso de la EPE donde sigue rigiendo un reglamento interno que data de la década del 60 y que viola absolutamente todas las disposiciones legales de protección de los consumidores. Pareciera ser que en este tema, como en muchos otros, tenemos la sensación de una ausencia del Estado como quien debe cuidar los derechos de los consumidores, que somos todos los ciudadanos.
Queremos plantear un gobierno donde el área ejerza el poder de policía en representación del estado provincial respecto de las leyes de Defensa del Consumidor, Lealtad Comercial, Tarjeta de Crédito y Defensa de la Competencia, todas normas integrantes del sistema legal argentino en la materia. Pero además, el cambio sustancial es la delegación de la autoridad de aplicación de esas leyes a los municipios habilitándolos a labrar infracciones y a iniciar actuaciones.
La inicitiva también contempla la creación ó capacitación de un cuerpo de inspectores que controlen la aplicación de las normas en los municipios. Debemos elevar al rango de Secretaría de Estado a la actual Dirección de Comercio Interior haciéndola funcionar bajo la órbita del Ministerio de Gobierno, considerando que los derechos del consumidor deben ser calificados como derechos humanos de tercera generación.
En materia de derechos del consumidor, es necesaria una profunda reforma que le brinde nuevas herramientas a los ciudadanos para ejercer sus derechos más efectivamente y que impliquen un compromiso más activo del Estado en la materia.
Nuestra propuesta contempla las siguientes medidas:
1) Transformar la Dirección General de Comercio Interior en una Secretaría de los Derechos de Usuarios y Consumidores de la Pcia. de Santa Fe, ubicándola dentro de la órbita del Ministerio de Gobierno. No se trata de derechos de naturaleza comercial, sino de derechos humanos de tercera generación constitucionalmente tutelados y así deben interpretarlos y velar por su vigencia el Estado;
2) Esta Secretaría ejercerá el poder de policía en representación del Estado provincial respecto de las leyes de Defensa del Consumidor 24.240, de Lealtad Comercial 22.802, de Tarjeta de Crédito 25.065 y de Defensa de la Competencia 25.156, que en conjunto constituyen todo el sistema hermenéutico del derecho positivo argentino en la materia;
3) Delegar la autoridad de aplicación de las leyes mencionadas a los municipios, quienes suscribirán los convenios pertinentes con la Secretaría a los fines de actuar concurrentemente en el ejercicio de sus funciones. Habilitar en el mismo sentido a los municipios a labrar infracciones y a iniciar actuaciones respecto de los incumplimientos que verifiquen en el ámbito de su competencia, de las normas aludidas;
4) Creación de un cuerpo de inspectores a partir de una convocatoria de los actuales agentes de la administración pública provincial, a los efectos de que ejerzan el poder de policía de las cuatro leyes mencionadas en los cinco nodos descentralizados de la provincia, de oficio y a los efectos de prevenir violaciones a los derechos de los consumidores y usuarios, pudiendo incoar sin denuncia de parte las actuaciones pertinentes;
5) Creación y capacitación por parte del gobierno provincial, de un cuerpo de inspectores similar en cada uno de los municipios que adhieran y acepten ser autoridad de aplicación, a fin de que controlen la efectiva vigencia de estos derechos;
6) En paralelo a estas reformas en los primeros 100 días de gobierno remitiremos a la legislatura provincial un proyecto de ley a los efectos de sancionar un código de implementación en el ámbito provincial de todo el sistema de derecho de usuarios y consumidores. El mismo regulará los siguientes aspectos: a) las políticas de protección de los usuarios y consumidores; b) el acceso al consumo en condiciones de trato digno y equitativo y sin discriminaciones; c) la competencia leal y efectiva; d) la efectiva protección de la salud y seguridad de los consumidores; e) los controles de calidad y equidad de los productos, bienes y servicios, equidad de las prácticas comerciales y cláusulas contractuales y veracidad en la información y publicidad comercial; f) alentar el consumo sustentable; g) un eficiente y riguroso control de los servicios públicos, asegurando a los usuarios el acceso al consumo y una distribución eficiente de los mismo, la concreta extensión de los servicios a todos los sectores de la población, así como la calidad en la prestación de los mismos, el control de los monopolios, evitando el cobro de conceptos indebidos, garantizando la equidad en los precios y tarifas, y un eficaz y rápido mecanismo de recepción de quejas y de atención al usuario; h) la educación e información a los consumidores y usuarios, así como su organización; i) la regulación de un procedimiento administrativo orientado a la prevención y a la solución de los conflictos, así como a la detección, verificación y sanción de las infracciones e incumplimientos; y j) garantizando el efectivo acceso de los usuarios y consumidores a la justicia a través de un procedimiento rápido y gratuito.
Visitamos una escuela rural en cercanías de San Javier, donde con sus directivas quienes se mostraron interesadas en el Plan Educativo que pensamos encarar junto a Mario Barletta . 
En un adelanto de dicho libro, que fue publicado por varios portales periodísticos, se menciona que “En el año 1998, la Unión Ferroviaria contrató a la consultora T&C, que estaba presidida por Carlos Tomada, en ese entonces, abogado de la CGT. Por su asesoría, la consultora recibió la suma de “por los menos 150 mil dólares” (Fuente: http://www.elperiodicotucuman.com.ar/2011/02/28/relaciones-peligrosas-de-tomada-y-righi-con-pedraza/). Tal como lo revela el diario online, citando lo publicado por Santoro “al fiscal le llamó la atención la extraña cercanía entre la fecha de inicio de funciones de la firma y la fecha del convenio con esta Obra Social”. Es que al observar la fecha de impresión del talonario de facturación de T&C, que se abre el 15 de noviembre de 1998 y funciona hasta marzo de 1999, sin extender ninguna factura a otro sindicato o empresa, es de suponer que la empresa del actual ministro de Trabajo Carlos Tomada, se habría constituido sólo para ese contrato.” 
