En el día de ayer presentamos un pedido de informe para que el gobierno brinde información precisa y detallada sobre los contratos que el ministro de Trabajo Carlos Tomada tuvo con la Unión Ferroviaria (http://www.clarin.com/politica/relaciones-Tomada_0_437356325.html ).
Entre otros puntos queremos saber si el gobierno tiene conocimiento de que el Consorcio T&C de Tomada, fue contratada como consultora de la Unión Ferroviaria, y en ese caso, en que fecha y para que tareas.
El motivo de este proyecto, surge de la investigación realizada por el periodista Daniel Santoro para su próximo libro:“Sr. Juez, una biografía judicial de Norberto Oyarbide” y según la cual en una causa judicial investigaba a más de un centenar de sindicalistas y consultoras por el desvío de un crédito otorgado en el año 1996 por el Banco Mundial hacia consultorías de familiares, socios o amigos de aquellos.
En un adelanto de dicho libro, que fue publicado por varios portales periodísticos, se menciona que “En el año 1998, la Unión Ferroviaria contrató a la consultora T&C, que estaba presidida por Carlos Tomada, en ese entonces, abogado de la CGT. Por su asesoría, la consultora recibió la suma de “por los menos 150 mil dólares” (Fuente: http://www.elperiodicotucuman.com.ar/2011/02/28/relaciones-peligrosas-de-tomada-y-righi-con-pedraza/). Tal como lo revela el diario online, citando lo publicado por Santoro “al fiscal le llamó la atención la extraña cercanía entre la fecha de inicio de funciones de la firma y la fecha del convenio con esta Obra Social”. Es que al observar la fecha de impresión del talonario de facturación de T&C, que se abre el 15 de noviembre de 1998 y funciona hasta marzo de 1999, sin extender ninguna factura a otro sindicato o empresa, es de suponer que la empresa del actual ministro de Trabajo Carlos Tomada, se habría constituido sólo para ese contrato.” (Fuente: http://www.lapoliticaonline.com/noticias/val/71573-6/relaciones-peligrosas-de-tomada-y-righi-con-pedraza.html).
Por todo esto, surge que, más allá de las cuestiones procesales por las cuales no prosperó la causa judicial, existen, al menos, dudas respecto de la eventual existencia de maniobras por completo alejadas de una correcta administración de los créditos contraídos por nuestro país y que, posteriormente, deben pagar todos los argentinos, máxime cuando, como se desprende de la investigación citada, existen autoridades y ministros de la Nación que pueden verse involucrados en dichos actos.
A continuación el pedido de informe presentado:
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